Bitácora personal de Fátima Portorreal

Archivo para marzo, 2012

Disociaciones banales de hacer la cosa pública

Disociaciones banales de hacer la cosa pública

Fátima Portorreal

República Dominicana es un país en vigilancia. No importan las leyes, el Estado actúa con identidad propia y ajeno a la mayoría. Su coste es garantía del control de los recursos colectivos. En dichas instancias se juegan las distintas dislocaciones y crisis. Se asumen las legalidades impositivas, las racionalidades económicas, las efectividades financieras y la gestión de “la democracia”.
Está claro que bajo el sistema estatista no hay ambigüedad histórica. Su estrategia es siempre la misma, ampararse en leyes que continuamente se rediseñan para consolidar el despojo de unos y el enriquecimiento de otros. No es sorpresa para ningún grupo social del país que tenemos un Congreso que responde a un orden social que facilita y da rienda suelta a cualquier diatriba que le apetece a un gobernante engolado y ajeno a la mayoría.
Ellos, lo de la casa grande, no se frenan por ningún código de conducta corporativa nacional o internacional. Han sido bendecidos por la santa madre iglesia y por el fenecido dictador (Balaguer). Desde su torre sostienen un poder panóptico bajos reglas encubiertas que disciplinan a todos y a todas. Las imposiciones arbitrarias se legalizan por mayoría absoluta en las salas congresuales. No importa los discursos, el despojo de las libertades es siempre violento.
Lo que ocurrió el 18 de octubre, no es nuevo en la sala congresual. Un elocuente senador sometió el Proyecto de Ley sobre Violación de la Propiedad Pública y Privada. Con dicha propuesta, anuncia que es necesaria la reprimenda para todos aquellos que irrumpan en “terrenos ajenos”. Se pierde el derecho a la recuperación de la tierra o del lugar como referencia del estar y hacer social. Esta elegía diurna anuncia el castigo y la invisibilidad de otras representaciones colectivas, entre ellas, a los productores de alimentos.
Es una vieja historia, recurren al discurso de la propiedad y lo privado como argumento ético para frenar a “los inmigrantes” rurales u urbanos” que intentan asegurarse un techo, o a los productores que intentan recuperar la tierra para producir sus alimentos. Ellos serán castigados por violación a la propiedad privada o pública, mientras, los supuestos representantes del pueblo se sirven de su legalidad para beneficiarse del erario público.
No hay memoria. Las luchas agraristas están en el olvido. El cuestionamiento a la colonialidad es obsoleto. Ya no recuerdan las expropiaciones de tierras públicas y privadas que hicieran ciertas familias, hoy consideradas respetables y ricas. No hay amparo de ningún tipo, frente a estos sacrosantos representantes del orden. Ya por esto, no anuncia ni discuten el despojo histórico de la tierra, ni de la expropiación de los recursos naturales por nacionales y extranjeros.
Ni jamás discurrirán sobre las confiscaciones de las tierras comuneras. Tampoco discutirán sobre los regalos y prebendas de extensos predios públicos, que otrora hicieran gobernantes inescrupulosos, a ciertos particulares o eclesiásticos de turno.
Ya no es posible pensar que se le ocurrirá formular un proyecto de ley donde se rescate las propiedades públicas que todavía están en manos de particulares o cuestionar a los directivos del Consejo Estatal del Azúcar por entregar las tierras agropecuarias al sector turístico u otros señores del partido, entres otras banalidades.
No hay sorpresas, es una cultura represora. En este anteproyecto de ley se facultará al Ministerio Público o al Abogado del Estado para que pueda dictar medidas cautelares, en la que se incluye la realización de desalojo sin juicio previo. Cuantas artimañas para proponer penas carcelarias, pagos de multas, igual a seis salarios mínimos contra las personas que invadan una propiedad inmobiliaria privada o pública. En fin estas son nuevas trampas, disociaciones del estar y el hacer la cosa pública.

Ministro, ¿y qué de la bioseguridad? Monsanto versus Ministerio de agricultura

Ministro, ¿y qué de la bioseguridad?
Monsanto versus Ministerio de agricultura

Fátima Portorreal
La agricultura orgánica ha sido una meta de los/as productores/as de alimentos en República Dominicana. Una meta propiciada por las bondades que ofrecen los sistemas agrarios que buscan la sostenibilidad socioambiental. Este tipo de agricultura forma parte de un nuevo paradigma, un modelo que facilita volver a las viejas prácticas agrarias de los abuelos sin necesidad de utilizar pesticidas, abonos o uso intensivo de riego.
Las cifras son alentadoras. El país dedica 149 mil hectáreas y las propuestas son alcanzar mayores extensiones en la zona montañosa y llana que presentan fragilidad ambiental o están próximas a las áreas protegidas. Es importante este tipo de agricultura porque da equilibrio entre los sectores ambientalistas y productivos que comparten la meta de preservar la naturaleza y la sostenibilidad de la vida en general.
Según el Ministerio de Agricultura hay pequeños, medianos y grandes productores/as, ellos calculan unos 23 mil 360 productores y productoras de productos orgánicos. República Dominicana tiene la primacía en exportaciones de cacao y guineo.
Sin embargo, la posibilidad de dañar y destruir la producción orgánica en el país está a la vuelta de la esquina por un convenio comercial con una subsidiaria de Monsanto, la empresa Ruiter Seeds. Esto tendrá implicaciones graves para el medio ambiente y la producción nacional agropecuaria que parte del paradigma de sostenibilidad. Se viola la ley No. 64-00 y todos los acuerdos de precaución que han sido ratificados por el Estado para proteger el patrimonio genético.
Las implicaciones tienen repercusiones en todos los niveles de la vida social, económica, cultural y ambiental. No estamos locos /as cuando queremos defender la vida de nuestros descendientes por varias generaciones, ya que peligra nuestras bioseguridad.
Tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta Agroempresarial se desvinculan de tal acuerdo comercial, pero estaban presentes miembros de ambas instituciones amparando dicha alianza. Hay una falta de transparencia, pues las aclaraciones públicas no convencen a nadie. La reacción sólo se ha dado cuando han sido interpelados por la Articulación Nacional Campesina y medios de comunicación, entre otros.
Las soluciones propuestas por las autoridades del Ministerio de Agricultura son requerirle a la Monsanto una certificación de que sus semillas no sean transgénicas. Esto produce risa, porque todos y todas sabemos que Monsanto ha sido acusada por sobornos, mentiras y por introducir (OGM), abonos y paquetes tecnológicos infiltrados en todo el mundo para hacer dependientes a los productores y productoras agropecuarias. ¿Está el Ministerio de Agricultura pidiéndole al ladrón que certifique que no es ladrón?
Aclaremos un caso. Recordemos lo que ocurrió en la India, en un período de hambruna. Se distribuyeron organismos modificados genéticamente con la ayuda de organizaciones no gubernamentales o agencias para el desarrollo–tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)–y se repartió entre los pobres campesinos y campesinas que pasaban hambre. Esto se realizó sin el consentimiento previo de la población (Arundhati Roy, 2004).
Los efectos producidos por tales hechos resultaron perniciosos para la economía local, ya que la semilla de Monsanto no puede ser reproducida y requiere ser comprada cada año. Igualmente provocó que especies tradicionales de la zona desaparecieran, a través de los procesos de polinización que expanden las especies transgénicas, y el daño del suelo y los sistemas naturales de hierbas silvestres que crecen junto a las plantas de Monsanto, las cuales están cargadas de pesticidas.
La empresa Monsanto no le hace caso a las necesidades de los agricultores, ni a las leyes ambientales. No tiene ningún compromiso con las comunidades rurales, ni con el desarrollo tradicional que se ha implementado durante siglos en las zonas rurales. Su única meta es la acumulación de capital con la introducción de sus productos en el mercado. Son un monopolio y quieren tener el control del patrimonio genético del mundo.
Han sacado patentes hasta de de los materiales genéticos de grupos indígenas del mundo (Harper´s Magazine). Por tanto el genoma humano, vegetal y animal se ha patentizado y comercializado sin el consentimiento de la población. A Monsanto no le interesa los híbridos, mas sí la modificación genética de los productos que eventualmente consumimos todos.
La agricultura orgánica en República Dominicana está en peligro. La decisión la tiene el ministro de agricultura de romper este odioso convenio y hacer pruebas a las semillas que se sospecha que tienen material genético artificialmente modificado. La historia hablará del impacto de su gestión en la defensa de la bioseguridad y su juicio será severo, si permite la entrada de Monsanto a la República Dominicana y a la región, dado que ese material genético no conoce fronteras. Esperamos su respuesta.

 Agradezco la colaboración de mis amigas Irmary Reyes Santos y Ana Lara.

Responsabilidad ética ¿Hay transgénicos en la República Dominicana?

Responsabilidad ética
¿Hay transgénicos en la República Dominicana?

Fátima Portorreal

En la República Dominicana peligra la bioseguridad. La producción de semillas con sus variedades adaptadas a los ecosistemas locales va desaparecer con la introducción de transgénicos. Para nadie es un secreto que tenemos incertidumbres sobre lo que se avecina al país, si la empresa Monsanto monopoliza el mercado de semillas e introduce sus paquetes tecnológicos de organismos vivos modificados a nuestro medio ambiente.

Tenemos claro que estamos desamparados en términos de bioseguridad por no tener aprobado la ley sobre bioseguridad. Hoy el desarrollo sustentable está en peligro con la presencia de Monsanto. La presente y futuras generaciones están condenadas a ser patentizadas por multinacionales que controlan el mercado mundial de semillas y diseñan paquetes tecnológicos que comprometen la seguridad de los ecosistemas y la salud humana.

Los impactos sociales, económicos, ambientales son demasiados graves para que continuemos manejando en discurso y acciones con ambigüedad ética. Hoy invocamos el principio de precaución, porque es una responsabilidad asumir la defensa de nuestras semillas locales y Soberanía Alimentaria.

Sabemos que Monsanto es una empresa multinacional que ha sido sometida a la justicia y tiene múltiples demandas por los daños que han provocado a personas, animales, ecosistemas en general y en especial a los pequeños productores de alimentos. No obstante la empresa goza de muchos privilegios entre especialistas y empresarios del país. Es un peligro aceptar patentes de semillas que comprometen la salud, los sistemas agrarios y la biodiversidad en general.

Sin embargo, a pesar de que existen pruebas que confirman los temores de la gente acerca de las OGM, encontramos en estos días ambigüedades sobre los debates que se han promovido por la sociedad civil, alegando que estamos causando problemas al mercado de productos orgánicos. Quiero recordarle a la Junta Agroempresarial Dominicana que dichas discusiones son pertinentes, ya que es una situación compleja a la que nos exponemos. Liberar al medio ambiente organismos vivos modificados produce impactos sociales y ecológicos que a la larga producirán costes imprevistos que son imposibles de predecir. La Articulación Nacional Campesina no se opone a la biotecnología, ni a los estudios de ingeniería genética en laboratorios cerrados, pero si nos oponemos a su liberación en campo abierto.

El desarrollo tecnológico no se puede utilizar como argumento determinante para hablarnos de seguridad, control y desarrollo. No nos oponemos a la ciencia. Los híbridos patentizados han sido eficientes en términos de productividad, pero es claro que para los pequeños/as productores/as de alimentos estos paquetes tecnológicos comprometieron los mercados de semillas en toda Latinoamérica, afectando la soberanía alimentaria. Pero jamás estas semillas hibridas generaron peligro e incertidumbre para la vida en general.

Ahora bien, la ciencia que fomenta los transgénico está basada en el utilitarismo y una racionalidad moral que sólo juzga “lo útil” como bueno, ese principio de utilidad, es peligroso, porque está definido en términos de las personas respeto de los cuales se dice ser útil aquello y la circunstancias en la que se lleva a cabo la valoración de esa utilidades. Cabe preguntarse ¿qué es lo útil?, ¿para quién es lo útil? Preguntas que todos/as tenemos que hacernos, porque no podemos aceptar estos principios éticos que ya desde el siglo XX fueron criticados por considerarse un “egoísmo ilustrado”.

Por favor, hace tiempo que los/as epistemólogos /as saben que los viejos liberales (A. Smith, R. Malthus y D. Ricardo,J. Bentham, James Mill y J. Stuart Mill) o los nuevos liberales opuestos en algunos puntos como (J. Rawls y J. C. Harsanyi) no son inocentes en sus conceptualizaciones sobre lo útil. Es increíble que todavía haya instituciones y particulares de nuestro entorno local que piense que podemos aceptar que “la bondad y la utilidad” coinciden y que por tal razón debemos aceptar su propuesta de introducir semillas transgénicas, porque son “inocuas, productivas y buenas”.

Estas narraciones que fomentan los cálculos de utilidad y los datos empíricos, a partir de sus diseños estrictamente controlados pretenden que aceptemos los OGM sin rechistar. Me recuerdan que los modernos apuntan siempre a “las decisiones correctas”, pues construyen su ciencia basada en la eficiencia y verdades legitimadas por un grupo que se considera infalible. Lamentablemente no creemos en el viejo cuento de “la imparcialidad” o de la “prudencia racional” como una concepción colectiva del bien grupal, tal como plantea un liberal como Rawls.

Toda acción implica un compromiso político. Y los neoliberales están muy claro con su ciencia. Y si me permiten recordárselo es el de aceptar como bueno y valido que el bien de todos debe ser sacrificado por la elección racional de unos pocos y en este caso es apoyar al capitalismo globalizado. En lenguaje sencillo, aceptar a la multimillonaria Monsanto en República Dominicana.

Es claro para el ecología política que todas las acciones que en el ámbito de lo público se asumen responden a un eco/espacio-tiempo escénico y por ende responden a una racionalidad que se fundamenta en una praxis social que producirá placer o sufrimiento a los individuos o el colectivo en general y a las otras especies que conforman el hábitat. Quieren comprometer nuestro presente y el futuro remoto. Esto sin ambages, nos arroja al mundo de la responsabilidad ética, la cual se puede negar, por el no reconocimiento del otro o simplemente se puede aceptar subdividiéndola en grados por considerase no prioritarias como variable temporal.

La Articulación Nacional Campesina no es irresponsable cuando dice que hay que debatir sobre los transgénicos y que tenemos demasiadas evidencias de la entrada de Organismos vivos modificados genéticamente. Hace mucho tiempo que la organización viene denunciando que se han introducido OGM para la alimentación animal y que en los supermercados dominicanos se vende estos productos.

Hoy necesitamos que el Ministerio de Agricultura inicie una investigación exhaustiva, que exija los certificados a las compañías pertinentes, que compruebe por medio de análisis de laboratorio, que el material recogido no es transgénico. En República Dominicana hay un laboratorio que tiene capacidad para tales pruebas y es el Instituto de Innovación de Biotecnología e Industria. Una vez obtenida los resultados presentarlos y ponerlo a disposición pública.

Otras medidas políticas importantes es abrir el debate, suspender el convenio realizado con las subsidiarias de Monsanto y poner como prioridad nacional, la aprobación de la ley de bioseguridad. Es muy sencillo, pero requiere de responsabilidad ética para tales menesteres.

No queremos que se siga abordando el problema de los transgénicos con una responsabilidad decreciente. Esto nos expones a daños severo a nuestros ecosistemas y a la desaparición de nuestras semillas. Desde la ontología Aristotélicas se sabe que solo podemos hacer ″responsable de algo a alguien si y sólo estamos seguro de que ese alguien ha causado ese algo″ (López Gordo y Delgado Ruiz, 2006). Con otras palabras, si ya hay transgénicos en los supermercados y se tiene un convenio firmado, hay suficientes pruebas para iniciar una investigación. A esto le llamamos señor ministro de agricultura, responsabilidad ética.

¡Qué vergüenza! Alianza criminal contra la bioseguridad Ministerio de Agricultura, JAD y Monsanto

¡Qué vergüenza!
Alianza criminal contra la bioseguridad
Ministerio de Agricultura, JAD y Monsanto

Fátima Portorreal
En República Dominicana se ponen en escena prácticas y discursos que demuestran que el “progreso” o mejor dicho “ es pa lante que vamos” está llevándonos al basural, a la degradación ambiental y al daño irreparable de nuestros ecosistemas. A decir del poeta Nicanor Parra son demasiados los vicios del mundo moderno que nos arrastran a los crímenes ecológicos del capitalismo. Y uno de ello, no cabe duda es el autoritarismo de Estado.
Hoy el Ministerio de Agricultura se encarga de imponer políticas públicas que amenazan la naturaleza y se sostienen en una ética de la destrucción en materia de bioseguridad. La fórmula mágica propuesta es la “alta tecnología”, hoy conocida como los organismos genéticamente modificados (OGM), considerados de alto riesgo por su impacto a la biodiversidad, la salud, la pérdida de los recursos genéticos y el control de los mercados.
La experiencia en América Latina en relación con los organismos genéticamente modificados (OGM) es bien conocida, ya que Monsanto, monopoliza las actividades agroempresariales, destruye la economía campesina, los mercados internos y regionales, a fin de crear dependencia tecnológica y encarecer los alimentos, destruyendo la Soberanía Alimentaria y afectando los recursos genéticos por su expansión y afectación a otras especies. Muy bien, lo ha expresado la Universidad de Indiana que: “el polen y otras partes de las plantas que contienen toxinas de maíz Bt (OGM), depositados en arroyos cerca de los campos de maíz, aumentan la mortalidad de insectos acuáticos y afectan a otras especies que habitan ecosistemas hídricos”.
La empresa Monsanto es monopolista y tiene controlado aproximadamente el 60 % del mercado mundial y un 70 % del mercado de semillas. Cada una de las semillas de Monsanto están patentadas, es decir que tienen un derecho exclusivo para su comercialización y explotación comercial y esto da lugar a tres grandes problemas para el desarrollo rural y la producción de alimentos: se encarece el valor de la semilla, pues no hay competencia contra los transgénicos, los/as agricultores/as no pueden guardar, ni volver a sembrar las semillas que están patentadas (las semillas no son viables para una nueva siembra), ya que pueden ser enjuiciados y en los cultivos cercanos pueden aparecer plantas transgénicas llevadas por el viento o insectos y esto no puede ser evitado por ningún productor o productora. En tal caso, los/as agricultores/as pueden ser sometidos a la justicia, por tener dichas plantas en sus propiedades.
Está claro, para los/as científicos/as que no se puede controlar la expansión del polen de los (OGM). Ni los poetas, ni magos pueden detener el viento, apresar a las abejas, hormigas u otros insectos. En pocas palabras, los transgénicos modifican otras especies, y con ello se afecta el patrimonio genético. Por tales razones dicha compañía ha sido enjuiciada éticamente por distintos grupos ambientalistas del mundo.
En República Dominicana no podemos permitir que se destruya el patrimonio genético, ni que nuestros productores/as de alimentos pierdan el control de las semillas que por muchas generaciones han cuidado. Al introducir alimentos y productos transgénicos sin control, como son el maíz, las telas de algodón transgénicas, los aceites vegetales, la soya, tomates y avena que se vende en los supermercados, estamos favoreciendo los bolsillos de dicha empresa y destruyendo nuestra Soberanía alimentaria.
Cualquier país reconoce claramente que tiene que proteger preventivamente el patrimonio natural frente a cualquier riesgo. Y las instituciones encargadas de velar por esto son el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales y el Ministerio de Agricultura. ¿Qué está pasando en República Dominicana?, por qué Monsanto aparece en escena en el territorio nacional y se firma un convenio aparentemente inofensivo para introducir la famosa marca De Ruiter Seeds (OGM). Con este acuerdo se pone en juego la biodiversidad de República Dominicana.
A mi entender, la respuesta es muy simple. El modelo de producción, está cimentado en defender empresas transnacionales (Monsanto), dependencia económica y en el desarrollo de agroempresas de particulares que desarticulan el mercado interno y con ellos a los pequeños/as productores y productoras de alimentos. Y sobre todo no les interesa defender el patrimonio genético del país. El Ministerio de Agricultura facilita y permite que la empresa Monsanto pueda hacer lo que quiera en el país, ni Haití permitió entrada de semillas donadas por Monsanto, a pesar de que se habían agostado sus semillas, por la hambruna que se produjo tras el terremoto.
No acabo de entender como una institución como la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) caracterizada por su apoyo a los/as productores/as de alimentos y a la protección ambiental haya firmado un acuerdo con Monsanto, para introducir semillas que supuestamente son “sanas e inocuas”. Cómo es posible que quieran decirnos a los dominicanos y dominicanas que esta empresa de mala reputación internacional, por mercadear semillas transgénicas que han afectados ecosistemas completos y destruidos mercados de productores locales, pueda tener cabida en el país y le den facilidades. Está claro que acaba de firmar un acuerdo para introducir semillas de destrucción.
Cómo se atreve el Ministerio de Agricultura, a permitir la entrada de semillas transgénicas, sin consulta con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues supongo que no están enterados, dado la gravedad del caso. Y si así lo fuera, como no aplican el Principio Precautorio ratificado por Agenda 21, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, 2006 y la Ley 64 -00 que ratifica el principio precautorio contra cualquier organismos que pueda afectar la biodiversidad del país.
Nuestro anteproyecto de ley sobre Bioseguridad descansa en paz en el Senado de la
República desde hace cuatro años. A este congreso, no le interesa para nada, resolver este problema de prioridad nacional. Necesitamos un marco regulatorio que nos permita controlar la entrada de cualquier organismo genético al país.
Estamos a merced de la diablura de funcionarios que por intereses económicos se confabulan con Monsanto y venden quimeras de seguridad y tecnología. Tan sólo tenemos protocolos y la posibilidad de aplicar el Principio Precautorio para frenar, si es que se puede en términos jurídicos a este coloso del mal (Monsanto). Necesitamos con urgencia la aprobación del proyecto de ley de Bioseguridad. Y exigimos al Estado dominicano que nos aclare sobre este convenio.
Hoy pido a los grupos ecologistas y científicos /as que nos pronunciemos públicamente contra la legalización de la introducción de transgénicos en el país. Hacemos un llamado a la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas del país para decirles a los ministros de turnos del Ministerio de Agricultura que no queremos a Monsanto en República Dominicana.

La uniformidad no resiste la historia: “La falacia de la destrucción de los sistemas familiares en República Dominicana”

La uniformidad no resiste la historia:
“La falacia de la destrucción de los sistemas familiares en República Dominicana”

Fátima Portorreal
Repensando sobre los sistemas de parentescos en República Dominicana me remite siempre a una temática de análisis en el que afloran aspectos de resistencia, pervivencias culturales, narraciones y escenarios de represión que tocan fondo en las mentalidades postcoloniales acerca de la familia, matrimonio, sexualidad y reglas de residencias. Uno de los criterios más populares que permanece en los discursos de las élites desde la colonia es el de la ambigüedad moral aplicada de distintos modos a las mujeres, hombres, grupos dominantes de clase, a los vencidos, esclavos /as e indígenas.

Para la historiografía no hay duda que en el mundo colonial se estableció un orden que afectó el trabajo, la sexualidad, la familia, el tiempo, el cuerpo y sus periferias. Y que muchos de los discursos emitidos por las instituciones coloniales (Estado y la iglesia) se acomodaron a los nuevos horizontes que las tierras nuevas proporcionaban a los/as peninsulares. Las circunstancias especiales eran evidentes, en el nuevo continente surgieron “libertades” que el grupo dominante deseaba contralar, como son las uniones informales, tales como el amancebamiento y los matrimonios interétnicos, entre otros.

El sexo, uno de los aspectos más privado de una persona fue controlado por medio de legislaciones y discursos moralistas. La estrategia de exclusión se dio por medio de la cárcel, el destierro o la pena de muerte. Uno de los ejes claves del control del cuerpo fue la obsesión de la iglesia por la suciedad del sexo y el control civil de las estructuras familiares, los matrimonios y las mujeres. En la colonia de Santo Domingo se gestaron formas familiares no antes conocidas, al margen de la legislación imperante, los convencionalismos sociales y los discursos misóginos de la iglesia y sus abanderados.

En este marco de ambigüedad, las nociones del buen nombre de la familia, pautaron reglas patriarcales que beneficiaron a los hombres, clérigos e instituciones que de algún modo controlaron los ingresos de las mujeres, la herencia, y la movilidad de éstas a otros espacios dentro de las estructuras sociales. Sin embargo, el mestizaje produjo nuevos modelos y alianzas conyugales que resultaron diferentes de lo que se había previsto o deseado para las colonias de ultramar. Esta permisividad y ambigüedad de los discursos de las instituciones coloniales, marcaron la vida pública de la colonia de Santo Domingo hasta hoy.

En pocas palabras la legislación civil castellanas admitió la formula de la barraganía, una institución que permitía a un hombre y a una mujer soltera convivir maritalmente sin casarse y en Castilla esto permitió la endogamia de las familias privilegiadas, mientras que en las colonias se perseguía en ciertos momentos, en otros, simplemente flexibilizaron su postura, atendiendo a una trama de compromisos y favores que los curas y las autoridades españolas asumían por diversos propósitos como son la obtención de comida, tributos o por hacerse de algún cargo de fiscal, alcalde o sacristán, entre otros. En fin, a pesar de que el amancebamiento, la poliginia, las mujeres solteras con hijos e hijas, las familias extensas, los matrimonios interétnicos, fueron rechazados y repudiados por estar asociado a la esclavitud, el mestizaje y mulataje aparecen como una práctica extendida en todas las colonias españolas.

La evidencia es múltiple, el mundo colonial estaba sometido a vigilancia y a una ambigüedad discursiva que definió las reglas del orden estamental más allá de la colonia. Los modelos familiares que se gestaron en la colonia dieron origen a nuevas molduras que transformaron las relaciones sociales y la vida cotidiana de las mujeres, la sexualidad, los sistemas de residencia y matrimonio, etc.

Hace unos días escuche esos viejos discursos de boca de la primera dama de la República: Margarita Cedeño y el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y con todos mi respeto, a las autoridades mencionadas, quiero recordarle que tal parece que “los disolutos /as” no han podido ser controlados/as durante varios siglos. Lamento decirles que el obraje cultural que se gesto en Hispanoamérica no ha podido ser rogativo ni desarticulado, pese a la agobiante tutela masculina y clerical.

Lo textual persiste y sin importar que se repita el anclaje colonial que tipifica conductas como el concubinato o “las escandalosas uniones de parejas del mismo sexo”, las voluntades colectivas persisten y conjuran contra los significantes de la opresión. Todavía, hoy las penas no se suavizan y los acusadores/as continúan blandiendo infames reprimendas o castigos a los que se hacen cómplices de “los escándalos” de la marginalidad. Pero, esos discursos de vocación conventual y de puro recogimiento no son preocupantes.

A la población dominicana no le importan las querellas habituales de las élites, ni les preocupa el honor, la monogamia, la homogenización social, la advocación a los matrimonios heterosexuales y por supuesto, las herramientas del buen vivir de las uniones bendecidas por la Santa y Apostólica Iglesia Católica.

La cultura de los marginados resiste y actúa. Y si me permiten recordarle a tan magnificas y prestigiosas personalidades, que las uniones sacrílegas como eran la bigamia, el amancebamiento y la soltería de mujeres con hijos es hijas han sido el pan de cada día en nuestra querido y amado país desde la colonia. El orden del Padre, no ha importado, ni las reprimendas, o las preocupaciones obsesas de la iglesia o el Estado por mantener el honor social o un tipo de familia uniforme basada en una unidad simétrica de parentesco, residencia y producción. Las cruzadas civilizatorias y educativas que impusieron el modelo monogámico y la familia nuclear no domestican el cuerpo cultural.

El sistema que promueve la familia nuclear, la monogamia y relaciones heterosexuales sustentada en un sistema bilineal con residencia neolocal no fue lo único que se consolido tras el nuevo orden colonial y postcolonial. Lamento decirles a todos los creyentes, ricos y pobres que los códigos morales y los sistemas parentales bajos códigos obsesos de represión del cuerpo no debilitaron la poliginia, los lazos conyugales libres, ni el anhelo por sistemas alternativos de existencia.

En República Dominicana, la poliginia masculina se perpetúa a pesar de la ética religiosa o estatista. Los matrimonios a la libre predominan sobre los matrimonios legales, las familias monoparentales, extensas y nucleares distinguen el panorama en general del país. Veamos las estadísticas: el 44 % de las familias están dirigidas por mujeres, el 56 % de los hijos e hijas vive con uno de los padres, es decir familias no nucleares (CESDEM, 2008). Aunque el censo, destaca a la familia nuclear como la más extendida y en segundo lugar le sigue la extensa, está claro que con el paso del tiempo, las desviaciones a las reglas han esculpido los sistemas parentales y matrimoniales dominicanos.

Lamentos decirle a la institucionalidad postcolonial, que, pese a la imposición estamental de una jurisprudencia represora, las uniones libres, la poliginia, la mono/paternidad distingue las prácticas nupciales y las estructuras familiares de la República Dominicana. Y en lo que respecta a las uniones de personas del mismo sexo, pese a ser considerado en el pasado colonial como un “pecado nefando” o como una aberración en el lenguaje moderno, su presencia se visibiliza y no necesita la flexibilidad de las élites.

La tipificación de las uniones conyugales de los homosexuales, transexuales y transgénero como algo aborrecible no es un patrimonio del colectivo. Claro está para todos y todas que esta narrativa homofóbica se aloja en los cuerpos especiales, Estado e iglesia, cuando las necesidades vinculantes se tejen por la necesidad de permanencia en el poder. Hoy no necesitamos de los viejos discursos coloniales para advertir sobre la supuesta “mala vida” de los/as dominicanos/as. Hoy puedo asegurar que la uniformidad, no resiste a la historia.

“Consultoras de cosas rebeldes” Los conflictos ambientales y los nuevos sujetos de la corrupción

“Consultoras de cosas rebeldes”
Los conflictos ambientales y los nuevos sujetos de la corrupción

Fátima Portorreal

Los conflictos ecológicos tienen notoriedad en todo los procesos sociales que se gestan en la sociedad. Ya por eso, en los análisis de los sistemas sociales, la variable ambiental opera como eje transversal. Hoy no hay dudas que la complejidad acompaña estos dilemas que resisten los llamamientos de la cordura, pues el debate enrostras las diferencias epistémicas de cómo se percibe los bienes de la naturaleza y la manera de cómo nos relacionamos con ellos.

En nuestra sociedad, las luchas socioambientales son una constante que confronta sin equívoco a los/as empresarios/as, funcionarios públicos y particulares en aras de controlar los recursos naturales. Es el otro que resiste, lo inaplazable, lo que impulsa a los movimientos ecologistas de clase media a unirse a los sindicatos, campesinos/as y “administradores/as conscientes” para rechazar la realidad socioambiental que promueven o facilita la destrucción de los ecosistemas.

En ecología política, los inconvenientes, desacuerdos, oposiciones de los/as interesados/as que se dan alrededor de los recursos ya por la apropiación, distribución, utilización o consumo de los mismos es lo que da paso a la confrontación o choque entre los actores y actoras. Para tales casos, los conflictos sólo pueden ser explicados en el orden de los procesos sociales y políticos. Por lo que los conflictos socioambientales se dan específicamente por un agravamiento de las presiones entorno al recurso que se disputa y por las diferencias que se da entre las distintas cosmovisiones que se tiene sobre el manejo de los recursos y la propia existencia.

Está claro para la ecología política que los diferentes epitemes, confrontan modelos de conocer y entender lo ambiental. Algunos ven lo ambiental como un escenario que da lugar a que se produzcan conflictos, porque es meramente un recurso económico. Otros sacralizan la naturaleza, pues la consideran como una entidad viva o espiritual (pueblos originarios). En cambio, otros tienen una mirada puramente ética. Estos últimos analizan la naturaleza sobre la base del respeto en el sentido que la misma permite la supervivencia. Las diferentes posturas registran la confrontación.

Hoy día muchos negocios y multinacionales capitalistas están significando la naturaleza. No sólo por los enfrentamientos con la sociedad civil por el control de los recursos, sino también por la escasez de los mismos. La crisis ambiental ha llevado a la reflexión de todos los sectores y grupos de clases. La lógica de los conflictos vuelca los significantes y quien antes se potencializaba solo como un depredador, ahora se apuntala como un “protector” que construye modelos de explotación de la naturaleza en la que aparecen nuevas cargas simbólicas.

Un ejemplo de estos nuevos significantes son los modelos de mitigación. Hoy las agresiones a la naturaleza, no están desprovistas de planificación y de medidas de impactos para reducir el riesgo o vulnerabilidad de un recurso. Estos modelos de manejo de los recursos no tienen otra lógica que no sea la de garantizar la acumulación, pero de una manera más amigable con el entorno. Nos gusten o no estas perspectivas sobre la naturaleza, nos enfrentamos a un dilema cuando hablamos sobre la explotación de los ecosistemas, no sólo por lo que se explota, sino también por la expropiación de estos recursos, el deterioro del territorio o por los usos que le da la sociedad. Veamos lo que pasa en nuestra región.

En América Latina hay una vuelta a la primarización. Según estas perspectivas el desarrollo y los caminos que lo garantizan se enfocan hacía la explotación de materia prima agrícola, minería e hidrocarburos. Sin embargo, estas empresas tienen un portafolio jurídico y económico que organiza la defensa de los bosques, recurso agua y semillas, entre otros.

Hoy no se puede decir que dichas empresas no reflexionan sobre lo ambiental, aunque su comportamiento sea contradictorio y sigan un modelo de desarrollo que busca incansablemente alternativas que disminuyan, eliminen o minimicen sus impactos ambientales.

Estas empresas financian proyectos ambientales y muchas instituciones reconocidas por su apoyo y luchas ambientalistas se han servido de estos “capitales verdes”. Aunque no me agraden dichos modelos, está claro que el enfoque productivista se defiende para minimizar los conflictos por el control de los recursos. No obstante, el debate continúa y se interponen discursos que refuerzan la lucha o simplemente la aparcan.

Y es en este campo que aparecen aquellos actores/as que no están con la divinidad, ni con la sombra. Es decir aquellos funcionarios públicos, particulares o supuestos defensores de lo ambiental que viven y gravitan aclamando la mediación, el principio de precaución y la sostenibilidad. Son la orca que se mueve en diferentes aguas y que se reagrupan de “buena fe”, para frenar la depredación ambiental. Algunos se hacen llamar ambientalistas, asesores legales, comunicadores, en fin gente sin escrúpulo que trafican, promueven, coartan, seducen y condicionan los movimientos ambientalistas o gente ingenua para sacar provecho del río revuelto.

Estos nuevos agentes del ambiente son representantes enmascarados. Utilizan el chantaje y las mentiras para zanjas las diferencias. Son amante del buen vino y jugosas papeletas para callar o presionar a las empresas. En el pasado fueron buenos revolucionarios y funcionarios. Hoy lo nombró, traficantes del ambiente, se sirven del capital o lo atacan. Les encanta los grupos de poder para aliarse o simplemente para desarrollar una estrategia comunicativa de descréditos. Cobran por la representación y la asesoría mientras defiende su “ambiental bolsillo”.

Estos nuevos farsantes no tienen escrúpulos ni se amilanan con los tratados éticos. Asumen la resistencia como un estilo de vida, ya que les garantiza una buena jugada que lo sacará de la pobreza. A estos personajes no les importa la historia, las comunidades, las identidades, la naturaleza, ni el cambio social, su objetivo principal son las inagotables fuentes de capitales que se mueven con las empresas, cuando se presentan conflictos ambientales. A estos canallas hay que visibilizarlos, pues son delincuentes comunes que se posicionan dentro de la trama de los conflictos ambientales.